En agosto del 2003 se promulgó por primera vez en la historia de Chile una ley para regular el financiamiento de las campañas electorales.
La nueva legislación hace una importante contribución en regular, pero no necesariamente reducir los montos destinados a campañas electorales. Cifras estimativas hablan que en las elecciones municipales del 2004 se podrían gastar hasta $61 mil millones. En las campañas de senadores y diputados del 2005 estará permitido gastar unos $5 mil y $30 mil millones, respectivamente. A ello debe agregarse la campaña presidencial de ese año donde se estará permitido gastar hasta un máximo
de $10 mil millones. En total, el nuevo sistema permitirá desembolsar unos $106 mil millones en los próximos dos años, unos US$163 millones.
Este trabajo muestra la evolución del debate sobre el financiamiento electoral en Chile desde el retomo de la democracia hasta la fecha. Junto con analizar la discusión en los noventa, se describen los factores que incidieron en la aprobación del proyecto de ley el año 2003 y se estudian sus virtudes y debilidades. Se constata que si bien se ha dado un paso muy relevante en la regulación de la relación entre dinero en la política, los partidos políticos en Chile requerirán de nuevos acuerdos
si se quiere verdaderamente garantizar lo que versa el título de la ley: "transparencia, límite y control del gasto electoral".
