La construcción conceptual de los Estados-nación modernos ha permitido el fortalecimiento de un sentido de pertenencia de la sociedad en su conjunto a un espacio geopolítico definido con una identidad particularizada, restándole importancia a las sociedades con identidades diferentes (cholos, indios, montubios, afrodescendientes). En este contexto, a lo largo de la historia en Latinoamérica se establecieron normas (leyes y constituciones) con principios excluyentes que no reconocieron derechos a los pueblos -diferentes-, definiéndolos equivocadamente como minorías. En el caso ecuatoriano, a partir de la Constitución del Ecuador del año 2008, son varias las figuras jurídicas que recobran fuerza para la aplicación efectiva de derechos fundamentales como es el vivir en un ambiente sano, y otros derechos como la participación ciudadana. En este nuevo contexto, el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas afectados por una actividad económica, reviste un rol fundamental en la gestión ambiental.
