Esta publicación es importante pues pone de relieve la ampliación de los derechos y la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que sitúa al país en la vanguardia del debate con la oportunidad de iniciar una etapa diferente, que abriría nuevos retos y posibilidades para la naturaleza, las organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades indígenas, que dependen de ella para su sobrevivencia. El documento resalta la importancia de la naturaleza de manera transversalizada en toda la Carta Magna; y su visibilización, a lo largo de todo el texto constitucional, plantea un nuevo paradigma y prioriza “a la naturaleza o a la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia… (Y plantea) una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. Estos principios y enfoques deberían estar presentes en el accionar nacional, reconociendo a Ecuador como un país mega diverso y plurinacional. Sin embargo, se evidencia un reposicionamiento del modelo extractivista, contrapuesto a los principios del buen vivir, que advierte que los conflictos socio ambientales serán un tema recurrente.