En marzo de 1998 un grupo de diputados presentaron una acusación constitucional contra el ex-Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el general (r) Augusto Pinochet Ugarte, según los procedimientos y de acuerdo a las causales estipuladas en la Constitución de 1980. De haber prosperado la acusación, el ex-Comandante en Jefe del Ejército podría haber sido sometido a procesos judiciales por actos criminales y también podría haber sido inhabilitado para el ejércicio de funciones públicas, fueran éstas por elección popular o no. En este caso, el General (r) Pinochet habría sido inhabilitado para ejercer el cargo de senador institucional durante los próximos cinco años. Tal resultado le habría negado el derecho al escudo jurídico del fuero parlamentario, con posibilidades de consecuencias dramáticas, pues el general podría haber sido encargado reo y procesado por supuestos delitos o crímenes, dado su protagonismo en la historia del país desde 1973. La acusación fue rechazada en la Cámara de Diputados por 52 votos a favor, 62 en contra y una abstención.