Participación y control social son temas que están, aunque lamentablemente solo a nivel retórico, en las agendas de discusión del Estado y de las organizaciones sociales del país, pese a que a partir de la vigencia de la nueva constitución ecuatoriana y de la crisis nacional, se han abierto novedosas alternativas encaminadas a fortalecer los procesos de descentralización que, al menos hipotéticamente, deberán basarse en el fortalecimiento de la ciudadanía mediante la participación y control social sobre la gestión pública. El tema es complicado. Las distintas visiones sobre el modelo de modernización, el ritmo y alcance que asuma el proceso de descentralización, así como el complicado ámbito político en el que se toman las decisiones, dejan ver claramente que, si bien existen aún pocos acuerdos, la superación de la crisis pasa necesariamente por la decisión de todos los sectores para establecer e impulsar una política seria, clara y transparente de participación social.